Análisis del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura
Pablo Camacho Gutiérrez. Doctor en Economía por The University of Texas at Austin. Profesor en la Escuela de Negocios en Texas A&M International University, ha publicado en revistas arbitradas e impartido cursos de Economía y Finanzas a nivel licenciatura, maestría y doctorado. A la vez ha sido consultor independiente, conferencista y perito experto. Ha realizado estudios para la Laredo Chamber of Commerce. Presentó testimonio como perito experto ante el House Committee on International Trade and Intergovernmental Affairs Committee, Texas House of Representatives, 84th Texas Legislature. Anteriormente, fue jefe del Departamento de Tarifas Eléctricas en la SHCP y subdirector en la oficina del asesor especial de la subsecretaría en Secofi.
El Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado (ANIISP), dado a conocer el 26 de noviembre de 2019, es un instrumento de política pública para facilitar la inversión privada en proyectos de infraestructura (carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, hospitales, telecomunicaciones, entre otros), ello, con el fin de fomentar el crecimiento económico en México. Este artículo evalúa este Acuerdo con base en un breve análisis de inteligencia.
El gasto en inversión es generalmente considerado una fuente de crecimiento económico; al realizarse, fomenta la demanda agregada. Y una vez que ha creado bienes de capital adicionales, aumenta la capacidad de producción de la economía y posibilita un incremento en la oferta agregada. Esto último presupone que los bienes de capital que han sido creados son productivos. No todo gasto en inversión es productivo, como el Aeropuerto de Castellón o las autopistas radiales –R-2, R-3, R-4 y R-5– en Madrid, España.
Así, el éxito del ANIISP no se le limita a que logre un monto determinado de gasto en inversión, sino también a que dicho gasto se realice de manera eficiente. Este Acuerdo se realizó cinco meses después del Acuerdo entre el Gobierno y el Consejo Coordinador Empresarial para promover la Inversión y el Desarrollo Incluyente (AGFCCE).
El AGFCCE establece como objetivo que la inversión total ascienda a 25 % del PIB, de tal forma que la tasa anual de crecimiento de la economía sea de 4 %. Este Acuerdo propone que las inversiones privada y pública aumenten a 20 y 5 % del PIB, respectivamente. Además enlista objetivos específicos para la creación de un marco institucional que garantice y fomente la inversión. Sin embargo, no hay un reporte de sus resultados; sólo hay comentarios sobre su carencia de efectividad.
Al ANIISP también le precede la creación del Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y Crecimiento Económico en mayo de 2019, para el cual tampoco se cuenta con un reporte de resultados. Otro antecedente, es la sugerencia (en broma o no), del jefe de la oficina de presidencia a los empresarios para que mintieran sobre su nivel de optimismo al contestar la encuesta correspondiente del Banco de México (en el marco de la Reunión Anual de Industriales 2019 en octubre).
ANIISP – Acuerdo condicional
Este Acuerdo se circunscribe a una presentación de PowerPoint, e inicialmente considera 147 proyectos, por un monto total de 859,022 millones de pesos (que equivalen a 42,951 millones de dólares). Asimismo, se menciona que el total de proyectos identificados para ser desarrollados por el sector público o privado asciende a 1,600, los cuales (de llevarse a cabo), fomentarían que el crecimiento económico del país sea mayor a 4 % anual.
La efectividad del ANIISP depende del cumplimiento de los compromisos adquiridos por ambos sectores, privado y público. Probablemente, el más importante es aquel por el cual el Gobierno se compromete a construir un marco institucional que garantice y fomente la inversión. Los compromisos puntuales son los mismos que en el AGFCCE; por ello, hay indicios de que difícilmente serán cumplidos.
La eliminación de la regulación asimétrica en Pemex TRI en diciembre pasado por parte de la Comisión Reguladora de Energía, uno de los organismos reguladores capturados por el Gobierno, no es consistente con reglas claras y estables. La liberación extrajudicial de un individuo con orden de extradición en octubre pasado no corresponde a la observancia de un estado de Derecho. El uso del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios durante el 2019, y el esperado durante el 2020, pone en riesgo la estabilidad macroeconómica. La inseguridad, el robo a vehículos de carga en carreteras, el bloqueo por semanas de vías ferroviarias, son ejemplos de barreras a la inversión privada.
Análisis de datos
Los componentes con mayor contribución porcentual al PIB en México son: consumo privado (67.0 %), consumo de gobierno (12.0 %), y formación bruta de capital fijo o FBCF (20.0 %) [i]. De éstos, la FBCF es la que puede experimentar un incremento porcentual más grande en el corto plazo [ii]. Por ello, puede ser un detonador del crecimiento económico; y es de carácter privado (17.2 %) o público (2.8 %). Los objetivos de inversión que el AGFCCE plantea, mencionados anteriormente, se refieren a estas tres variables de inversión.
El ANIISP, en cambio, establece que “el objetivo es alcanzar una inversión anual en infraestructura de 5 % del PIB”. La FBCF se clasifica en construcción (11.4 %) y en maquinaria y equipo (8.6 %). La FBCF–Construcción se divide en viviendas (5.6 %) y en Otros edificios y estructuras (5.8 %). La inversión en infraestructura a que se refiere el ANIISP está incluida en la FBCF–Construcción de Otros edificios y estructuras [iii]. Empero, este rubro ya supera la meta de 5 % del PIB.
Esta meta quizás sea para la inversión privada específicamente, o para cierta parte de la FBCF–Construcción de Otros edificios y estructuras, por ejemplo, excluyendo la inversión en energía como en gasoductos, oleoductos u otros.
Las gráficas 1 y 2 muestran el comportamiento de las variables sobre inversión que aquí se han discutido, expresadas como porcentaje del PIB, desde el primer trimestre del 2015 al tercer trimestre del 2019. Y muestran los valores de cada variable en el tercer trimestre de 2015, 2017 y 2019.
De acuerdo con la gráfica 1, el sector privado es la principal fuente de FBCF. Así, la caída que se observa en la FBCF se explica principalmente por la disminución de la inversión privada; no obstante, la inversión pública también se contrae. La gráfica 2 muestra una reducción de la inversión en infraestructura (FBCF-Construcción de Otros edificios y estructuras) que provoca una caída en la FBCF-Construcción. Así, tiene sentido que se busque fomentar la inversión privada y en infraestructura.
Comentarios finales
El ANIISP reconoce la importancia de crear un marco institucional que fomente la inversión, y la relevancia de la inversión privada en la economía nacional. Sus metas son tan alentadoras que es fácil ignorar su carácter condicional, y no es el primer esfuerzo de la actual Administración para incrementar la inversión privada. El Gobierno ha tomado decisiones que hacen menos probable la construcción de un ambiente propicio para la inversión, y con ello la inversión privada comprometida. La falta de un estudio técnico que respalde al ANIISP, así como la carencia de resultados de los esfuerzos que le preceden, le restan credibilidad.
Por otra parte, parece que ciertas inversiones comprometidas se realizarían aún sin él. Esto reduce el efecto negativo en caso de incumplimiento por parte del Gobierno. En cualquier circunstancia, la creación de un marco institucional que garantice y fomente la inversión debe ser prioridad nacional.
[i] Toda cifra expresada en porcentaje y entre paréntesis, representa la participación porcentual aproximada del componente referido en el PIB del país (promedio durante el periodo 2017T1-2019T3).
[ii] En cada trimestre de 1995 y 1996, la tasa interanual de crecimiento de FBCF fluctuó entre -40 y 30 %. Durante el mismo periodo, la tasa de crecimiento interanual del consumo privado en cada trimestre varió entre -8 y 8 %; por su parte, el consumo de Gobierno observó menor variación que el consumo privado.
[iii] Este componente incluye “instalaciones industriales, comerciales y de prestación de servicios como: escuelas, hospitales, clínicas, oficinas, entre otras. También incluye la construcción de obras de infraestructura como carreteras, caminos, puentes, diques, puertos, aeropuertos, sistemas de agua potable y drenaje, presas y obras de riego, infraestructura para la generación y distribución de electricidad, infraestructura para telecomunicaciones, obras de transporte y urbanización, oleoductos y gasoductos, perforación de pozos petrolíferos, por citar algunas”. (Inegi. Sistema de Cuentas Nacionales de México: Fuentes y Metodologías, Año Base 2013. Pág. 394).