Corredor Transístmico, ¿regresará a la gaveta de los proyectos olvidados?
Ulises Juárez Ortega. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, diplomado en Estrategias de Cabildeo y Técnica Legislativa por la Universidad Iberoamericana. Ha asistido a diferentes cursos especializados en energía dirigidos a periodistas. En el sector público se desempeñó durante más de 20 años en las áreas de comunicación social en diversas dependencias de la Administración pública federal. Ha colaborado en algunos medios de comunicación sobre temas energéticos, y es analista consultor para la empresa de consultoría Gas Energy Latin America.
Desempolvado de algún gabinete, el viejo proyecto de un corredor que conecte el golfo de México y el océano Pacífico, pasando por el istmo de Tehuantepec, se ha convertido en la obra cumbre de la Administración de López Obrador. Es un proyecto integral de infraestructura, logística e inversión que incluye actividades económicas, productivas y extractivas (energía y minería), turismo, vivienda, comercio internacional, entre otras.
Se requerirá de modernización portuaria, redes ferroviarias y de carreteras; gasoductos y poliductos, terminales de almacenamiento, líneas de transmisión y distribución eléctrica; instalación de industrias y comercios, ingeniería y tecnología; proveeduría, capacitación, mano de obra, planeación y más para conectar los 250 km que separan al puerto de Coatzacoalcos de Salina Cruz.
Además se espera se realice con estricto respeto a las comunidades y pueblos enclavados, así como al entorno ecológico con visión sustentable.
Un proyecto en varios intentos
En 1859, Benito Juárez firmó con EU un tratado por el cual se construiría una línea férrea entre ambas ciudades. Se instalaría una terminal marítima de recepción de mercancías en Coatzacoalcos y de carga en tren, y en Salina Cruz se construiría una terminal de descarga ferroviaria y embarque marítimo. México cedería a perpetuidad el derecho de vía a mercancías y personas norteamericanas y extranjeras. Pero por la falta de ratificación del Congreso estadounidense, no entró en vigor.
La crisis petrolera de 1972 y el descubrimiento del megayacimiento de Cantarell, pusieron a México en la lista de los principales países productores, lo que promovió el desarrollo de infraestructura para el procesamiento y aprovechamiento de esos recursos. El istmo se constituyó como el corazón del “complejo económico territorial petrolero nacional”, como lo llamara Norma Martínez-Laguna, investigadora de la UNAM.
Ernesto Zedillo intentó impulsar la interconexión de Coatzacoalcos con Salina Cruz mediante el transporte por carretera y la rehabilitación del Ferrocarril del Istmo. Vicente Fox fue más allá: un corredor que abarcara Mesoamérica, desde el estado de Puebla, hasta Panamá (Plan Puebla-Panamá). Felipe Calderón trató de desarrollar terminales con contenedores multimodales en ambos puertos, pero no prosperó.
Y Enrique Peña Nieto planeó que no sólo se tratara del “mero” transporte de mercancías, sino la transformación de materias primas en la región (Plan del Istmo Puerta de América), y se le incluyó la creación de las Zonas Económicas Especiales.
Antes de su toma de posesión, López Obrador anunció una inversión inicial de 40 mil millones de pesos (mmdp) para este megaproyecto, cifra corta si se considera que Dos Bocas tiene un presupuesto asignado de 156 mmdp, el cual, según las empresas que participarían en su construcción, es apenas la mitad del costo total.
Los retos
El Corredor Transístmico involucra a todos los subsectores energéticos: petróleo, petrolíferos, petroquímica, gas natural y electricidad, con sus respectivas cadenas de valor. Para ello, el presidente ha reconocido la importancia de la participación de la iniciativa privada, la cual podría aportar en una etapa inicial 140 mmdp.
La zona sur y el sureste no cuentan con infraestructura suficiente para llevar gas, que además está contaminado con nitrógeno, por lo que la calidad de los 800 millones de pies cúbicos producidos diariamente es baja, en especial en términos de poder calorífico.
Y está el conflicto que la dirección de la CFE ha entablado con Fermaca, Grupo Carso, TC Energía e IEnova, por los contratos de construcción, operación y transporte de gas natural. Especial mención merece el caso del ducto Sur de Texas-Tuxpan, de TC Energía e IEnova, ya concluido, pero no ha podido comenzar a operar por dicho litigio. Ese ducto llevaría gas natural al sureste.
Ese daño colateral, aunado a las declaraciones del presidente en contra de las inversiones privadas, es la dificultad para retomar la confianza de particulares (nacionales y extranjeros) en México como país seguro.
En electricidad, está la falta de infraestructura en transmisión y redes de distribución. La cancelación de la línea de transmisión de corriente directa de alto voltaje que correría del istmo hacia el centro, ya en proceso de licitación, también envía un mal precedente con respecto a la política del Gobierno. El abanico se abre a terminales de almacenamiento, ductos y ramales, centrales de compresión, centrales eléctricas, rehabilitación de refinerías y plantas petroquímicas. Una larga lista en la no se puede concebir su desarrollo sin dinero proveniente del sector privado.
Otro reto es la presión sobre las finanzas públicas. Son tres obras que requieren enormes cantidades de recursos: el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y Dos Bocas, además de un agresivo rescate de Pemex y un programa de rehabilitación de las 60 centrales hidroeléctricas. Tan sólo los tres primeros suman una inversión conjunta de 478 mmdp.
Son varios proyectos muy ambiciosos para realizarse en menos de seis años, en un ambiente de baja credibilidad en las políticas públicas. Ante este panorama, el archivo del proyecto del Corredor Transístmico tendrá que regresar a la gaveta.