Por una cultura de integridad pública y transparencia
Artemio Jesús Cancino Sánchez. Integrante de la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio de Contadores Públicos de México.
La persona que funge como servidor público debe alinear su actuar a reglas de tipo ético, donde el orgullo de pertenecer a la función pública y el cumplimiento de su labor diaria, debe darse en el actuar para recobrar credibilidad y confianza.
Como elemento primordial para generar un contexto de homologación en todo el territorio mexicano, con fecha 12 de octubre de 2018, se publicó por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos para la emisión del código de ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).
En términos del artículo 16 de la LGRA, el personal que labore en el servicio público deberá observar el código de ética que emitan las secretarías o los órganos internos de control (OIC), conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción para que, en su actuación, impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño.
La corrupción bajo la perspectiva de la ética
Es de reconocer el esfuerzo que como sociedad estamos generando a través de facilitar el conocimiento y sensibilizar, tanto al ciudadano como al servidor público, con respecto de la visión de Estado; el para qué de la función pública, qué es la corrupción, la percepción de la misma en la ciudadanía, la fortaleza legal de probidad y transparencia, así como los códigos de ética, son temas que deben facilitar la implementación y mejora del buen servir.
En el documento titulado “Recomendación del consejo de la OCDE sobre integridad pública”, se menciona que La corrupción es señalada hoy en día como la principal preocupación de los ciudadanos, por encima de la globalización o la migración.
Promover la integridad, es propiciar un comportamiento en favor del bien común, del interés público y en los esfuerzos, por lo que se ha derivado normativa diversa que incluye control y sanción, reducción de discrecionalidad en la toma de decisiones, con el objetivo de limitar conductas indebidas; pero esto no lo resuelve del todo y puede llevar a una regulación excesiva y, por ende, a una continua desconfianza en la administración pública.
Es cierto que a medida que se utilicen nuevas herramientas tecnológicas para introducir cambios en los modelos de administración pública, también aumenta la exposición al fraude, a la corrupción y en general existen diversos riesgos de integridad, pero también es verdad que la misma proporciona cada vez más a las instituciones del sector público, asociaciones no gubernamentales y ciudadanos, la capacidad para analizar información relevante y los datos publicados.
En específico, con el uso de mecanismos de denuncia, así como de redes sociales, los ciudadanos disponen de medios para compartir su descontento y dirigir sus acciones hacia un cambio significativo. Es por ello por lo que la demanda de mayor transparencia e integridad se ha fortalecido, sostenidas por la evolución hacia una economía digital.
Sinergia a favor de una sociedad íntegra
Es hora de que los tres actores, el sector público, el privado y la sociedad civil, continúen fortaleciendo y promoviendo políticas de integridad relacionadas con la ética pública, la gestión de conflictos de interés, el sistema disciplinario, el control interno y la gestión de riesgos, entre otros, con la intención de generar valor agregado e impactos reales en favor de los ciudadanos, en la provisión y calidad de servicios públicos y la gestión pública, es decir, de todos.
En un hecho que la evasión fiscal, la delincuencia organizada nacional (que incluye tráfico de drogas y de personas, extorsión), así como en general los actos de corrupción, deben ser evaluados como parte de la gestión de riesgo gubernamental, y es importante referenciar lo señalado en el documento denominado “Medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo”, elaborado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) donde, como resultado del informe de evaluación mutua a nuestro país, recomienda las siguientes acciones prioritarias:
·Fortalecer la investigación financiera.
·Coordinación interna dentro de las unidades fiscales, a nivel federal y estatal.
·Integrar al decomiso de activos como un objetivo de política pública.
·Mejorar la comprensión, particularmente de los notarios, abogados y contadores, en relación con los riesgos de lavado de activos.
·Revisar los recursos aplicados a la supervisión de lavado de activos en virtud de los perfiles de riesgo que emergen de los modelos desarrollados por los supervisores.
·Adoptar las medidas legislativas necesarias para permitir que México brinde la cooperación internacional más amplia posible.
·Establecer un sistema de gestión de casos para facilitar el seguimiento de solicitudes de asistencia internacional.
·Abordaje más proactivo por parte de la Procuraduría General de la República hacia las investigaciones de lavado de activos con una dimensión trasnacional.
Es una realidad que a través del Sistema Nacional Anticorrupción se construye una política nacional anticorrupción en donde participan ciudadanos, organizaciones empresariales, académicas, sector público, misma que ha sido reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
En ese orden, construir y mantener vigente una cultura de integridad pública y transparencia es indispensable para que las organizaciones en lo individual cuenten con culturas organizacionales abiertas, donde las personas generen; 1) confianza en la organización, 2) orgullo y sentido de aprobación, motivación y eficiencia, y 3) la posibilidad de abordar problemas antes de convertirse en riesgos, donde se cubra en forma eficiente:
a)Un proceso participativo para evaluar los riesgos en la institución.
b)Beneficiar los aspectos preventivos de la política de integridad.
c)El conocimiento especializado y la necesidad de competencias considerando el tamaño de los riesgos de integridad específicos.
d)La detección de desviaciones a la política de integridad.
e)La protección a denunciantes.
f)Compromiso de toda la organización, en específico la de los órganos de gobierno.
g)Una estrategia constante de comunicación.
[1] Disponible para su consulta en el sitio oficial de (FATF-GAFI), en www.fatf-afi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/IEM-Mexico-2018-Spanish.pdf
[1]Disponible para su consulta en el sitio oficial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en www.oecd.org/gov/ethics/recomendacion-sobre-integridad-es.pdf