ENTREVISTA

Por - Noé
14-10-19 12:23

Transparencia en infraestructura para el desarrollo social

Manuel González Caballero.Abogado especializado en contratación pública, gobernanza, transparencia y políticas anticorrupción. Se ha desempeñado como asesor del Gobierno de Panamá en contrataciones públicas y consultor en diferentes estudios para organismos internacionales en temas de transparencia y políticas preventivas de la corrupción. Actualmente se desempeña como gerente regional para América Latina de CoST – the Infrastructure Transparency Initiative, liderando las estrategias regionales identificando oportunidades para el desarrollo, sostenibilidad y crecimiento en la región, brindando apoyo técnico y asesoramiento a nivel gobierno, industria, sociedad civil, academia y sector privado.

 

Durante el Congreso FIDIC 2019 en la Ciudad de México, la lucha contra la corrupción en las prácticas de la consultoría internacional fue uno de los temas más celebrados. En este marco charlamos con Manuel González Caballero, gerente regional para América Latina de CoST – the Infrastructure Transparency Initiative, organización con sede en Londres y que inicia presencia en México.

 

Lic. González, ¿Qué es CoST y cómo surge esta iniciativa internacional?

CoST – the Infrastructure Transparency Initiative es la iniciativa global líder que mejora la transparencia y la responsabilidad en la infraestructura pública. Trabajamos con el gobierno, la industria y la sociedad civil para promover la divulgación, validación e interpretación de datos de proyectos de infraestructura. Tenemos presencia en cuatro continentes y entre nuestros socios internacionales se encuentran organizaciones como Article 19, Open Contracting Partnership, Transparencia International e Hivos.

CoST surge a partir de un programa piloto que realiza el Banco Mundial con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido en el 2008, donde se propone un esquema de gobernanza para los proyectos de infraestructura buscando prevenir la corrupción y los malos manejos administrativos, pero también las malas prácticas en el sector privado. En 2012 se implementa como una ONG cuyos primeros trabajos en América Latina se desarrollaron en Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Argentina, Ecuador, Perú y Colombia. Ahora entramos a México, específicamente en el estado de Jalisco.

 

¿Cómo deciden llegar a México?

México es un país prioritario. Estamos hablando de casi un tercio de América Latina y para nosotros es muy importante comenzar a desarrollar proyectos aquí. Cuando comenzamos a estudiar el panorama de las inversiones en infraestructura nos dimos cuenta de que las cifras de contrataciones directas hace unos años ascendían casi a un 80 %, con los riesgos para la transparencia que ello significa.

Para iniciar nuestra metodología nos basamos en un estudio de la organización México Evalúa, donde conocimos a Mariana Campos, coordinadora de Gasto Público y Rendición de Cuentas de esta organización. Luego conocimos al equipo del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI),

 

¿Qué modelo de trabajo están proponiendo para desarrollar en Jalisco?

Comenzamos con tres municipios, entre ellos Guadalajara y Zapopan. Iniciamos conversaciones con el gobierno del Estado para implementar un estándar que se compone de cuatro pasos. Uno es la creación de un grupo multisectorial de trabajo donde participan los principales actores de sociedad civil: sector privado, academia y gobierno. El siguiente paso es la divulgación de todo el proyecto de infraestructura pública, desde su identificación (pasando por planeación, adquisición, ejecución y finalización) hasta el pago, e incluso los mantenimientos futuros.

Posteriormente hacemos un proceso que se llama Aseguramiento de los proyectos de infraestructura, que se realiza con el estándar de datos de nuestra organización, los cuales garantizan la calidad de la información divulgada y que ésta sea consumida por los sectores relevantes: desde el gobierno mismo –que también consume información y datos–, la industria privada, organizaciones civiles y hasta los ciudadanos impactados por el proyecto.

Por último, hacemos un proceso que se llama Auditoría social, la cual construimos por medio de dar capacitación mediante talleres a los miembros de la sociedad civil que son impactados por los proyectos de infraestructura, así como a distintas instancias de la administración pública, que son quienes suben los datos a la plataformas gubernamentales.

 

¿El siguiente paso es traer CoST a la Ciudad de México?

Sí. Hemos tenido acercamientos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX y con Banobras. Hablamos con ellos porque son una buena base para arrancar y porque normalmente están presentes desde las etapas más incipientes de los proyectos. Ahora mismo, en el marco de la Conferencia FIDIC 2019, charlamos con Jesús Esteva, Secretario de Obras y Servicios de esta ciudad, para ver cómo podemos contribuir al trabajo que está haciendo la Dra. Claudia Sheinbaum.

 

En su experiencia, ¿cómo percibe el tema de transparencia y buenas prácticas por parte de los sectores industriales y de gobierno en México?

He podido ver que hay una necesidad imperante en el sector privado de crear esquemas más fuertes de transparencia a nivel gubernamental. Es un país que genera mucha infraestructura y me parece que todavía no se han creado bases sólidas para un esquema de gobernanza más horizontal donde se consideran a todos los agentes sociales, porque somos nosotros, los ciudadanos, quienes damos la oportunidad a los gobernantes para que ocupen esos cargos.

Debemos pedirles que con el dinero que pagamos de impuestos, realicen la mejor de las funciones y que nos consideren en todo momento, no únicamente cuando vamos a votar por ellos, sino durante toda la ejecución de su mandato.

 

Darle más voz a la ciudadanía…

Claro. Eso es lo que hace falta en toda América Latina y México no se escapa de esa realidad. Hace falta mayor participación ciudadana. Hemos creado un punto donde el ciudadano se desentiende, no le interesa hablar con sus representantes. Eso es una consecuencia, y para evitar que sea así, es que el gobierno debe tomarlos en cuenta y hacerlos partícipes tanto de la ejecución presupuestal de proyectos de infraestructura, como en otras áreas del Estado porque, finalmente, son los ciudadanos quienes se verán beneficiados de ellos, o perjudicados si existieran malas prácticas.

 






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