El Proyecto del Programa Nacional de Infraestructura 2019-2024
Reyes Juárez Del Ángel. Ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Maestro y doctor en Ingeniería por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es académico titular de la Academia de Ingeniería de México y de la Academia Panamericana de Ingeniería, así como perito en Gerencia de Proyectos de Infraestructura. Fue presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría de México (CNEC) entre 2007-2010, presidente de la Federación Panamericana de Asociaciones de Consultoría para el periodo 2012-2016, y es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (Fidic) desde 2016. Cuenta con cerca de 40 años de experiencia profesional en la estructuración de Asociaciones Público-Privadas de proyectos de infraestructura estratégica. Posee una amplia experiencia en el sector de transporte y participa como consultor en organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América del Norte y Banobras, entre otros. Ha publicado más de un centenar de artículos y participado en congresos nacionales e internacionales de su especialidad.
Actualmente es presidente y director general de FOA Consultores, S. C., la primera firma de consultoría a nivel mundial certificada en Integridad de Negocios, y primera empresa mexicana certificada en la Norma ISO 37001 Antisoborno.
Después de una espera de casi un año de la actual Administración, el pasado 26 de noviembre de 2019 se publicó el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura. Dicho acuerdo sienta las bases para reactivar la inversión en infraestructura y volver a la senda de recuperar rezagos y aumentar los niveles de competitividad tanto nacional como regional. Se apoyará en una mesa de diálogo con la participación del sector público y del sector privado para facilitar la instrumentación y seguimiento de los proyectos de inversión en infraestructura.
Nos encontramos en un momento crítico en el entorno global, con una desaceleración de las economías, anticipando crecimientos mundiales de apenas el 1 al 1.5 % anual para los próximos dos años, a lo que se suma una ola creciente de malestar e incomodidad social en varias regiones del planeta, especialmente en América Latina[1].
Las tasas de crecimiento económico previstas para 2020 y 2021 se sitúan también -según diversos analistas- en niveles muy similares, que pueden verse modificadas ligeramente al alza con la reciente ratificación del nuevo T-MEC. Es de destacar de manera positiva, en contraposición a los brotes de incomodidad social en los países de la región de las Américas, que en el caso de México los apoyos directos a diversos grupos vulnerables han contribuido a contener tal situación.
No sólo será necesario aumentar los niveles de inversión en infraestructura en las naciones de la región y en México para impulsar su crecimiento[2], sino que dichas inversiones deberán incluir proyectos con un alto sentido de carácter social en temas de bienestar como educación, salud, agua potable y saneamiento, entre otros, y una mejor distribución regional tendiente a disminuir desequilibrios y mejorar la distribución de la riqueza.
La infraestructura resulta entonces el medio idóneo para reducir desigualdades en países como el nuestro, al permitir y facilitar el acceso competitivo de bienes y servicios a la población menos favorecida.
Programa Nacional de Infraestructura 2019-2024
De acuerdo con ordenamientos de planeación nacional, el documento rector del país es el Plan Nacional de Desarrollo, que en su versión 2019-2024 fue publicado en abril de 2019 y aprobado posteriormente por el Congreso. Le siguen a dicho plan los programas sectoriales correspondientes a cargo de las distintas dependencias del Ejecutivo federal, así como el denominado Programa Nacional de Infraestructura.
Por iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el sector privado presentó a consideración del Ejecutivo un ambicioso programa de inversión en infraestructura que, basado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, incluye alrededor de 1,600 proyectos o programas de infraestructura razonados y estructurados, distribuidos en todo el territorio (Fig. 1).
La propuesta de programa incluyó proyectos en diferentes subsectores de la infraestructura: carretera, ferroviaria, portuaria, aeroportuaria, telecomunicaciones, turística, generación de energía eléctrica, hidrocarburos, salud, educativa, y para desarrollo urbano y vivienda. Se identificaron y caracterizaron proyectos con sus montos de inversión para las regiones norte, centro y sur sureste del país.
La propuesta de programa contiene un énfasis especial en regiones marginadas, donde se ha buscado una sinergia entre inversiones de distintos sectores para maximizar el impacto esperado en el nivel de bienestar (Fig. 2).
En este orden de ideas, el sector empresarial propone invertir el 5 % del PIB en infraestructura, incluyendo hidrocarburos[1]. En términos absolutos, esto implica una inversión del orden de 424 mil millones de dólares (mmdd) con un ritmo anual de inversión promedio de poco más de 70 mmdd. Se estima que el 44 % de esta inversión corresponderá a recursos públicos y el 56 % a recursos del sector privado, tanto en inversiones de riesgo como de las APP.
Importancia de la inversión del sector privado en infraestructura
El reto de inversión en infraestructura que tiene México para mejorar la competitividad y empezar a recuperar rezagos es muy grande, y ante las limitaciones de recursos públicos la importancia de participación del sector privado se magnifica.
Basta mencionar que el PEF 2020 contempla una inversión cercana a los 20 mmdd, de los cuales 14,600 mdd (74.5 %) se destinarán al sector de hidrocarburos, en tanto que los 5,000 mdd restantes se canalizarán al sector de transportes (2,300 mdd) y al sector eléctrico (2,000 mdd) principalmente, siendo muy reducidas las demás inversiones en agua y saneamiento, salud, desarrollo urbano y turismo.
Una categoría especial la constituirán los denominados “megaproyectos de infraestructura”, varios de los cuales ya han sido anunciados por el Ejecutivo federal. Entre estos destacan: la nueva refinería de Dos Bocas (Tabasco), el Corredor Transístmico Salina Cruz-Coatzacoalcos (Oaxaca y Veracruz), el Tren Maya (varias entidades del sureste), y el nuevo Aeropuerto de Santa Lucía (Estado de México).
El Acuerdo Nacional de Inversión
Durante el año de 2019 se dieron cita varios eventos con sendos acuerdos en materia de infraestructura. El primero de ellos fue el Acuerdo para promover la Inversión y el Desarrollo Incluyente, en donde fungió como testigo de honor el presidente de México, acaecido el 13 de junio de 2019. El segundo evento ocurrió el pasado 26 de noviembre, donde se firmó el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado. En este acuerdo destacan cinco temas centrales:
1. Política pública de inversión en infraestructura. Un señalamiento claro de que el Gobierno de la República está comprometido a impulsar un ritmo de inversión del 5 % del PIB en infraestructura, con apoyo y participación de la iniciativa privada, para mejorar los niveles de competitividad del país y fomentar su desarrollo de
2. El anuncio de un primer paquete de proyectos de inversión. Este primer paquete considera 147 proyectos en los sectores de comunicaciones y transportes (carreteras, ferrocarriles, trenes suburbanos, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones), agua y saneamiento, turismo, salud y otros. Implica un monto de inversión de 42,951 mdd. Se trata de proyectos autofinanciables de inversión privada (Fig. 3), distribuidos en todo el territorio nacional (Fig. 4).
3. El establecimiento de un esquema de seguimiento. Una de las partes más importantes del Acuerdo es el mecanismo que se establece para dar seguimiento a los proyectos. Esto se hará desde la oficina de la presidencia de la República, donde se contará con la participación de representantes del sector público y del sector privado. Con este mecanismo se busca que los proyectos dispongan, al más alto nivel, de un canal que facilite su instrumentación y seguimiento.
4. La invitación abierta al sector privado a complementar la inversión pública social en programas de desarrollo de infraestructura productiva. El Acuerdo lanza una invitación abierta al sector privado para que proponga proyectos a la mesa de seguimiento, señalando las siguientes áreas de oportunidad: autopistas, aeropuertos, puertos, ferrocarriles y trenes suburbanos, desalinizadoras de agua, telecomunicaciones, generación de energía eléctrica, gasoductos, almacenamiento de combustibles, transporte urbano, infraestructura hotelera, parques industriales, vivienda.
Esto constituye una gran oportunidad para el desarrollo de iniciativas privadas de inversión bajo diversas modalidades, entre otras, la Ley de Asociaciones Público-Privadas.
5. El anuncio de un próximo paquete orientado al sector energético. El Gobierno mexicano se ha comprometido a anunciar el paquete de proyectos del sector energético para inicios de 2020, que incluiría a Pemex y CFE, así como a diversos proyectos de la iniciativa privada en este sector que tradicionalmente ha representado más del 40 % de la inversión nacional en infraestructura.
Existe expectación por conocer sobre diversos temas de la agenda del sector energético, que incluyen los siguientes: la reapertura de las rondas petroleras, las posibilidades de asociación con Pemex, el desarrollo de gasoductos para gas natural, terminales petroleras y de almacenamiento de combustibles, nuevas centrales de generación de energía eléctrica, proyectos de energía renovables y de apoyo al cambio climático, además de la eliminación de cuellos de botella en la red de trasmisión eléctrica nacional.
En resumen
Se cuenta con un acuerdo que establece una política pública de inversión del 5 % del PIB en infraestructura, con apoyo y participación del sector privado, con el establecimiento de un mecanismo de seguimiento conjunto al sector público-sector privado que posibilita la incorporación de nuevos proyectos de infraestructura que coadyuven al incremento de la competitividad, la eliminación de rezagos y a un desarrollo incluyente, acercando mayores oportunidades a las regiones más rezagadas.
El compromiso que asume el sector privado ante estos retos es histórico, destacando los siguientes puntos7:
· Invertir recursos de capital en los 147 proyectos de infraestructura identificados en el Acuerdo del 26 de noviembre de 2019 (primer paquete de proyectos), que equivalen a 859,022 mdp (42,951 mdd);
· Proponer nuevos proyectos de inversión para incorporarlos al Acuerdo, en los temas prioritarios indicados;
· Ejecutar los proyectos en tiempo, calidad y costo;
· Implementar el Acuerdo conforme a los valores, principios y código de ética de las organizaciones involucradas; y
· En conjunto con el Gobierno, dar seguimiento para asegurar la realización y puesta en operación de los proyectos.
[1] Ídem.
[1] Entre 2015 y 2018 fueros electos 15 nuevos gobiernos en la región, y sin contar con resultados para Bolivia, en 9 de los 15 países ganó las elecciones un partido político distinto al que se encontraba en el poder. Las crisis y protestas que se presentaron en Chile, sorprendieron al mundo de manera inesperada al manifestarse grupos de la sociedad de ese país, considerado anteriormente un ejemplo de desarrollo y competitividad a nivel mundial.
[2] BID, “Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe 2019: Construir oportunidades para crecer en un mundo desafiante”, publicación coordinada por Eduardo Cavallo y Andrew Powell.