ANTICORRUPCIÓN

Durante su campaña, Andrés Manuel López Obrador aseguró que uno de los principales objetivos de su gobierno sería acabar con la corrupción y erradicar la impunidad. Dos de sus frases más recurrentes han sido: “ya no hay corrupción” y “acabaremos con la impunidad”.

A poco más de un año del inicio de su Administración, ¿cómo ha avanzado el Gobierno federal en el tema? ¿Cuáles han sido los aciertos que ha tenido, los retos y los pendientes? A continuación se presenta un balance sobre la lucha contra la corrupción de la actual Administración en su primer año.

Voluntad política y herramientas de combate a la corrupción

Uno de los primeros aciertos del presidente ha sido centrar el discurso, la discusión y la agenda pública, en los temas de corrupción e impunidad. En administraciones pasadas, estas luchas difícilmente se consideraban como prioritarias. El discurso del presidente refleja su voluntad política para luchar contra la corrupción.

Algunos académicos han logrado comprobar que hay un vínculo entre la voluntad política para luchar contra la corrupción y los niveles que hay en ciertos países, aunque también concluyen que la sola voluntad política no es suficiente para lograr verdaderos resultados.^[1]

Además del cambio de discurso, la Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó en julio de 2019 la plataforma “Ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción”^[2], para que personas dentro del Gobierno y ciudadanos comunes tengan una herramienta anónima para evidenciar actos de corrupción. Y puede convertirse en una herramienta útil para fomentar la denuncia que antes no existía.

En el país, las personas no lo hacen por pérdida de tiempo y desconfianza en la autoridad.^[3] Con esta herramienta, lo primero queda de alguna forma subsanado, aunque lo segundo sigue siendo una tarea pendiente. De acuerdo con Irma Sandoval, secretaria de la Función Pública, en los primeros 12 días del lanzamiento del programa se recibieron 172 alertas de corrupción.^[4]

El gran reto para la SFP será que esos delitos reportados mediante alertas no se queden sólo en cifras y números de reportes, sino que se aseguren que los casos no queden impunes.

Un acierto más es el impulso y la fuerza que se le ha dado a la Unidad de Inteligencia Financiera(UIF), dirigida por Santiago Nieto, ya que demuestra que se le dará mayor importancia a las pistas que deja el dinero obtenido por actos de corrupción. Por mucho tiempo, esta estrategia tan importante de seguir el dinero había quedado olvidada y pareciera que en este sexenio se intensificará este trabajo.

Por ejemplo, a 10 meses de que empezó el gobierno, la UIF ya había bloqueado 545 % más recursos que en los últimos tres años de la Administración anterior juntos.^[5] Al mismo tiempo, ha logrado dirigir sus investigaciones tanto a exfuncionarios de varias administraciones anteriores,^[6] como a actuales funcionarios.^[7] Durante 2019, presentó 160 denuncias por diversos delitos, entre ellos, por delitos de corrupción ante la Fiscalía General de la República (FGR).^[8]

Es fundamental que la FGR dé seguimiento y concluya las investigaciones de forma efectiva, para que los casos que lleva la UIF no queden en impunidad y se cumplan sus objetivos.

Entre el discurso y acciones concretas

A pesar de estas importantes acciones y políticas, el Gobierno todavía tiene diversas áreas en las que debe prestar más atención si quiere disminuir los niveles de corrupción y asegurarse de que los casos que se investigan no queden impunes. Primero, debe reconocer que el solo hecho de afirmar que “ya no hay corrupción” no es suficiente.

Hay diversas situaciones que demuestran que hablar de un problema abiertamente no es suficiente para resolverlo, sin importar cuántas veces se asegure que ya se solucionó. El presidente debe reforzar el discurso con acciones concretas, políticas públicas basadas en evidencia, analizables y con objetivos claros, alejarse de la retórica y de las acciones espontáneas.

El problema principal es que estas acciones, políticas públicas e inversión en el combate a la corrupción, han tenido claroscuros. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), resultado de un esfuerzo de la sociedad civil, pareciera no figurar en los planes que tiene el presidente, e incluso pareciera que se planea eliminarlo. En 2019 se le disminuyó el presupuesto^[9] y para 2020 se incrementó ligeramente.^[10] Pero el problema principal radica en la propia constitución del SNA. Uno de los principales logros que tuvo la sociedad civil durante su discusión y creación fue que fuera presidido por ciudadanos.

Sin embargo, el sector de las organizaciones de la sociedad civil, de donde han provenido varios de los integrantes de su Comité Coordinador, ha sido atacado por el presidente desde el inicio. Aunado a esto, no se ha logrado tener un plan claro y con objetivos alcanzables establecido en la propuesta de Política Nacional Anticorrupción, ya que no se ha aprobado todavía.

Los claroscuros

El punto que parece ser el más recurrente en la lucha contra la corrupción en esta Administración es el aparente trato diferenciado a aliados y a opositores. Basta con mencionar ejemplos que, como mínimo, sugieren ciertas intenciones: Manuel Bartlett, el error del contador de Yeidckol Polevnsky o la defensa de Carlos Lomelí previa a su salida; está el caso de Eduardo Medina Mora o el juez Jorge Camero, involucrado en las impugnaciones del Aeropuerto de Santa Lucía, ejemplos de un aparente uso diferenciado del aparato gubernamental.

El Gobierno ha tenido aciertos y logros en la lucha contra la corrupción. El primer paso se dio con firmeza: el discurso del presidente ha girado en torno al problema. Ahora, es necesario que la lucha se consolide y sea desde las instituciones y no desde las personas. Dentro de sus pendientes para los siguientes años está el fortalecimiento institucional y la inversión en el combate a la corrupción. La lucha debe ir acompañada de un fortalecimiento institucional de quienes realizan las investigaciones.

De nada servirá que se presenten miles de denuncias por parte de la UIF, si la FGR no tiene las capacidades, habilidades o la voluntad de investigar los delitos. Como en todos los casos referentes a la justicia en México, es importante entender que las instituciones forman parte de un todo y que el conjunto será tan frágil como el eslabón más débil dentro de esa cadena.