OBRAS, COVID-19 Y RIESGO DE CORRUPCIÓN

Por - Noé
26-05-20 15:27

A mediados de mayo, la administración pública federal decidió que las industrias de construcción, minería y automotor, se convirtieran en actividades “esenciales”

Publicado en El Heraldo de México
Martes 26 de mayo 2020
Por: Vicepresidente de Ética y Anticorrupción de la CNEC, Mtro. Roberto Hernández García


Para la cadena productiva de la construcción, la horrible pandemia del COVID-19 vino a hacerle una pésima jugada maestra, después de que ya venía con un crecimiento a la baja, logrando, ante el negativo entorno en su contra, un mínimo histórico de confianza en el sector de 11.5 por ciento en abril de 2020, en comparación con el mismo mes del año pasado, según el Inegi.


El sector de la construcción no la tenía fácil, ahora mucho menos. Además de enfrentarse a un evento sanitario que ha cobrado 341 mil muertes en el mundo, se espera una recesión económica que, según el Fondo Monetario Internacional, apunta a una caída de tres por ciento en la economía global para el fin de año, equivalente a 30 veces la reducción sufrida en la crisis financiera de 2008 y 2009, y dejando a un millón de trabajadores sin empleo en EU y aproximadamente 350 mil en nuestro país, según la cifras oficiales. 


En este contexto, a mediados de mayo, después de una gran presión tanto nacional como extranjera de las industrias de construcción, minería y automotor, la administración pública federal, decidió que estas áreas de la actividad económica se convirtieran en esenciales para su eventual reanudación a principios de junio, a través de los acuerdos del 14 y 15 de mayo publicados en el Diario Oficial de los denominados Lineamientos Técnicos de Seguridad en el Entorno Laboral, dados a conocer el 18 de mayo.


Para no ser extensos en cómo opera el sistema lo sintetizo a continuación: el gobierno federal puso a disposición de las empresas un cuestionario por internet (http://www.gob.mx/nuevanormalidad), que deberán contestar basándose en los lineamientos para que declaren que tienen un protocolo que cumple con los mismos, sin acreditar su existencia, y sujeto a una respuesta del IMSS de 72 horas con parámetros de decisión no claros para el solicitante.


Es decir, el gobierno federal permite que una empresa conteste un cuestionario, diciendo que tiene un documento que no necesariamente posee, para que sean evaluadas las respuestas en términos de un criterio que se desconoce.


El problema no es teórico. Existe un grave riesgo de ambas partes (gobierno y empresas) de actuar indebidamente y promover prácticas malsanas, tales como las que presento a continuación: conocí la semana anterior casos de empresas que el 19 de mayo, es decir un día después de haberse emitido los lineamientos, ya habían contestado que tenían todo en forma para reiniciar a la brevedad de conformidad con el acuerdo (por increíble que parezca), y conozco empresas que a pesar de haber hecho todo lo posible por tener las cosas en forma, contestaron su cuestionario, y que conocen a pares igual de serios que han sido rechazados sin saber por qué, con un porcentaje de bateo (como me dijo un cliente) de 60/40.


Esto me recuerda al SARS-COV2: desde que empezó la pandemia en China, durante estos 5 meses, hemos tenido un sabor amargo de incertidumbre total de cómo se comporta este organismo, y tal como un prestigiado médico me dijo ante su errático comportamiento y los efectos que causa: Al día de hoy lo único que sabemos del virus, es que no sabemos nada.


Creo que a la industria de la construcción mexicana le hubiera venido muy bien tener un protocolo modelo, como en los países de Latinoamérica, y emitido en forma conjunta entre autoridades, organizaciones sectoriales, académicas y científicas (como Colombia y de Honduras). Éstos han permitido que los actores de la industria sepan qué escribir, cómo y en todo caso adaptarlo a sus necesidades, haciendo un proceso eficiente y más seguro, y no solamente confiando en que se hará bien un documento que guiará el proceso de protección sanitaria y legal el próximo año, mientras se encuentran vacunas o tratamientos.


En la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC) hemos insistido siempre en una colaboración directa, transparente y proactiva de los sectores público y privado, por ello considero desconsolador que no exista un solo documento en el que las organizaciones que participan en el sector de la infraestructura y construcción y los gobiernos federal y locales no hayan emitido un mensaje claro y contundente en común, en beneficio de una mejor y más eficiente atención del evento.


Lamentablemente ya empezó el desorden, pues existen algunos oficios de autoridades en el sector infraestructura que sutilmente dicen: Sugerimos a sus representantes implementar acciones descritas en la guía COVID-19 medidas de prevención en obras, en sitio de obras de conservación rutinaria, operación y mantenimiento, así como en oficinas e instalaciones…..


Es importante hacer notar para los lectores que no debemos de irnos de largo con el discurso de buena voluntad del gobierno federal, pues los lineamientos claramente señalan que: …servirán (sic) de obligada aplicación para las acciones y planes para el inicio de las actividades consideradas como esenciales de la industria de la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte, por lo que incumplimiento tendrá graves efectos jurídicos.


Como cereza del pastel, es importante hacer notar la preocupación de organizaciones internacionales, como la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC), y nacionales, como la CNEC, por los posibles espacios de corrupción e irregularidades ante las medidas aceleradas que se están tomando para enfrentar la pandemia, y México no es la excepción. En este contexto, la experiencia de los consultores resultará fundamental, para aportar en este momento de incertidumbre que requiere solidez intelectual.





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